Represión en tiempos de democracia

Protestar es un derecho, reprimir es un delito

Desde el regreso de la democracia en 1983, son numerosos los hechos represivos que han motivado el rechazo de buena parte de la población y de los organismos de derechos humanos. Historias de la Argentina de hoy que marca que el accionar represivo no corresponde sólo a regímenes autoritarios sino también a los democráticos.

Desde los estamentos más altos del poder, se encargan de remarcar que la represión preventiva está destinada para lograr controlar socialmente a través de la ley y conseguir de esa manera un estado más ágil y dinámico contra los infractores de la ley. Para los profesionales encargados de estudiar esta dinámica, los nuevos enemigos para el imaginario policial pasarían a ser el grupo de jóvenes desocupados, morochos y de pelo largo que abundan principalmente en las periferias urbanas, o simplemente los pobres y miserables.
Esto ha llevado a que las organizaciones sociales, aquellas que hacen un trabajo social en los barrios más pobres de la sociedad, sean los que más sufren esta represión policial, que hace que la vida para un vasto sector de la población sea prácticamente insoportable.

Un tema urticante el de la represión en tiempos de democracia, que deja al descubierto el accionar represivo de gobiernos elegidos por el voto popular, que en muchos casos ante el reclamo popular no hacen más que recurrir a las mismas técnicas represivas oscuras de los peores años de la Argentina.
Un tema lamentable que hace reflexionar a la sociedad entera sobre la necesidad imperiosa de que se produzcan cambios drásticos en el accionar de las fuerzas de seguridad, para que estos hechos represivos no sigan existiendo, para que de esa manera la sociedad comience a transitar un camino de paz y armonía, que por estos días se encuentra totalmente ausentes.
Lo que hoy conocemos como “criminalización de la protesta”, sino en el espectro de las formas de control y de aplicación del orden cotidiano, centrado en la represión del “delito común”.

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Comienza distinguiendo dos clases de represión estatal: la selectiva, que responde a una represión visible y que en la historia reciente concentró un cierto repudio -imposible de pensar sin la tarea de las decenas de organizaciones de Derechos Humanos-. Esta violencia selectiva se aplica hoy sobre aquellos sectores empobrecidos insubordinados: los que se han organizado políticamente. En segundo lugar menciona la represión preventiva, más cotidiana, silenciosa y masiva, que incluye una larga lista de vejaciones y atropellos aplicados mayoritariamente sobre sectores pobres y marginales no organizados; constituyéndose en una clase de represión prácticamente desconocida –probablemente de manera deliberada- para el resto de la población.
«Los Estados suelen privilegiar tan sólo la parte de las elecciones cuando hablan de democracia y olvidan y violan el derecho a la protesta social que constituye otro de los canales legítimos y apropiados para evitar que los Estados gobiernen para sí y no para toda la sociedad.»

El ejercicio del derecho a la protesta social avala a las sociedades democráticas, ya que, al igual que el voto, es otra de las herramientas con las que cuenta el pueblo en una democracia para gobernarse a sí mismo de una manera activa.

Los Estados suelen privilegiar tan sólo la parte de las elecciones cuando hablan de democracia y olvidan y violan el derecho a la protesta social que constituye otro de los canales legítimos y apropiados para evitar que los Estados gobiernen para sí y no para toda la sociedad.

De acuerdo con la ONU, el derecho a la protesta social, como un canal democrático, se vuelve aún más indispensable cuando las instituciones y caminos o instancias para la participación y exigencia ciudadana se han visto agotados, por ejemplo cuando las elecciones no son limpias o han sido enrarecidas, o cuando los medios de comunicación y los medios para exigir justicia no son eficientes y sirven a intereses particulares.

Protestar es un derecho, reprimir es un delito

No es un policía, es toda la institución. No son errores, no son abusos, no son excesos. Es la política represiva del Estado Argentino, que no cesó después de la dictadura, sino que cambió de forma, de sujetos y de discurso legitimador para adaptarse a nuevas etapas.

La administración de justicia goza de un creciente desprestigio, originado en su cada vez más abierta complacencia con las necesidades políticas del sistema. En las cámaras legislativas sólo prosperan los proyectos restrictivos en materia de libertades individuales. Recurrentemente se pone en evidencia una extendida preocupación popular, no sólo por el presente sino también por el futuro de las libertades democráticas, en un país con desocupación y reclamos sociales en ascenso y gobiernos que responden con sostenidas tendencias autoritarias.

La apología de la venganza privada, la ponderación de personajes acusados de aplicar sistemáticamente torturas a detenidos, la insistencia en incluir en nuestra legislación la pena de muerte, fueron los primeros ejemplos del orden represivo que se consolidaría en los años siguientes en la Argentina.

A ello se sumó el llamado “discurso de la inseguridad”, que manipulando la opinión pública contribuyó a identificar la delincuencia con los sectores pauperizados. La teoría de que para garantizar la seguridad de los ciudadanos se requiere “mano dura” se afincó definitivamente a fines de los ‘90, cuando el país se convirtió en terreno experimental para la doctrina de la “ventana rota” y otros emergentes de las usinas de pensamiento norteamericanas, con William Bratton a la cabeza.

Los organismos de seguridad estatales son los que ejecutan de manera sistemática la represión institucional sobre los sectores marginados por las políticas de reconversión capitalista. Así también sucede con las muertes a través del fenómeno conocido como “gatillo fácil”, en el cual homicidios a sangre fría son ocultados tras la mascarada del homicidio en riña o el “enfrentamiento con jóvenes de frondoso prontuario”, al decir eterno de las agencias oficiales. Estas penas de muerte impuestas extrajudicialmente por funcionarios policiales se complementan con razzias y redadas en las que se detiene, retiene y priva ilegalmente de su libertad a miles de ciudadanos, bajo el amparo de normas que facultan a las policías de todo el país a detener personas arbitrariamente.

De más está decir que las torturas son una práctica habitual en el tratamiento a detenido
s, tanto en comisarías como en penales. En estos casos generalmente no se formula la correspondiente denuncia por temor a mayores represalias por parte de los órganos de seguridad y por falta de credibilidad en el sistema judicial, lo que se traduce en un círculo de terror e impunidad.

Al asimilar la “seguridad” de la población al problema del “delito”, se perpetra un doble fraude político-ideológico. Por un lado se pretende secundarizar y relativizar un conjunto de demandas populares –trabajo, vivienda, salud, educación– que los planes económicos ejecutados desde hace décadas impiden satisfacer. Al mismo tiempo, al manipular la opinión de millones para que pongamos en el centro de nuestras preocupaciones y demandas el “problema de la delincuencia”, se orienta el reclamo popular hacia cuestiones en las que los gerentes de la Argentina globalizada son expertos en “solucionar”: más cárceles, menos derechos humanos, más pena de muerte, menos garantías constitucionales, millones de pobres bajo sospecha.

En las villas miseria y los barrios humildes de las grandes concentraciones urbanas no hay otro contacto de las masas juveniles con el Estado que no sea el padecimiento de la violencia y la planificada brutalidad policial. La escuela expulsa al que no tiene para comer o para pagar el boleto y a la salud pública no se accede porque cerraron la salita de primeros auxilios del barrio. Como si esto fuera poco, el violento discurso dominante ubica a los marginados y explotados ya no en la categoría de víctimas sino en la de “perdedores” en el juego del libre mercado. Ya no interesa si existen crisis económicas por la reconversión del globalizado capitalismo, si hay cierre de fuentes de trabajo y, por tanto, desempleo y falta de futuro para los jóvenes, sino que el único problema social en la Argentina se reduce a los hurtos y robos en sus distintas especies, y los homicidios vinculados a estos desapoderamientos.

Son estas figuras delictivas las que prevalecen al momento de hablar de “falta de seguridad”, sin siquiera analizar la posibilidad de encuadrar en esta categoría ficticia a la enorme cantidad de exacciones, cohechos, prevaricatos, defraudaciones o contrabandos que producen un enorme daño a toda la sociedad. Tampoco se analiza la fuerte presunción –reiteradamente comprobada– de que en muchos casos son elementos policiales quienes favorecen la comisión de delitos mediante la “liberación” de zonas, la provisión de armamento o de información, el control de banditas marginales que funcionan como su mano de obra, o protagonizando directamente los mismos hechos que dicen “prevenir” deteniendo prostitutas, jóvenes pelilargos o presuntos merodeadores.
El objetivo de la ingeniería represiva de los sucesivos gobiernos es mostrar a las asustadas clases medias que el gobierno se “ocupa de sus preocupaciones”, pero –fundamentalmente– al llenar la ciudad de policías logran el efecto acostumbramiento frente a los desproporcionados dispositivos policiales que acechan las manifestaciones. Ya pocos se sorprenden de ver tanta policía disciplinando la protesta social, pues se ha convertido en normal su exhibición constante.

Pero estos gendarmes también pretenden legitimar a la policía en su función de “dura”: al ser dura frente al delito, también puede ser dura frente a los opositores, estableciendo en el imaginario social que delincuente es igual a opositor político. Detener a un manifestante y pegarle es combatir a unos exaltados que cometen delitos. La “falta de seguridad” es una cuestión social, pero también es política.

La necesidad de nuevos ajustes ante los tembladerales del capitalismo mundial requiere un estado represivo sin ningún tipo de cuestionamiento. Si oportunamente los planes de diseño económicos y sociales fueron volcados sobre el convencimiento popular y fueron sufragados, hoy las nuevas prescripciones ante la inestabilidad capitalista, que necesariamente implicarán mayores sufrimientos para la población, requieren un enorme aparato de represión frente a las renovadas luchas. El aparato de seguridad, previa legitimación con el pretexto del combate al delito, necesita estar mejor equipado, mejor entrenado y, por sobre todas las cosas, tener asegurada su intangibilidad.

Es obvio entonces que necesiten legislación más represiva, jueces más cómplices y medios que inculquen que hay ladrones y que hay que matarlos; que los “escarches” son subversivos y hay que castigarlos y que la policía es una institución que nos protege de los delincuentes y exaltados. El opositor de la década del 70 era el enemigo real, mientras que el marginal/excluido del presente es utilizado para manipular hábilmente la opinión pública antes que se constituya un polo contrahegemónico al sistema. De allí la equivalencia instrumental notoria entre “erradicar el delito” y “aniquilar la subversión”.

Porque así como la miseria y la desocupación son la única consecuencia posible de la violencia económica del sistema, la represión es la única consecuencia posible de su violencia social. Por eso creemos que la lucha antirrepresiva no puede concebirse como un mero reclamo sectorial de víctimas o familiares de víctimas, o como una pelea desideologizada, sino como parte de una lucha frontalmente dirigida a la transformación social, con una clara caracterización anticapitalista y conciencia de clase .

Quizás el símbolo de la época, el mejor exponente de la perversa manera en que se declaman los derechos humanos al mismo tiempo que se diseña una sociedad que sólo puede garantizar su sistemática violación, sea la publicidad institucional del Defensor del Pueblo, que llama a los ciudadanos a formular sus denuncias con el slogan “Hagamos CREÍBLES todos los Derechos Humanos”. A ellos les basta con que sean creíbles. Realizarlos efectivamente es la tarea que tenemos pendiente los oprimidos.

Fuentes: Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI
              Derechos humanos en América Latina http://www.derechos.org/

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