Clarín usó el viejo truco de la Asociación trucha para defender a Fibertel

Clarín usó el viejo truco de la Asociación trucha para defender a Fibertel

Los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal habrían sido engañados por la Asociación para la Defensa de la Competencia para obtener un fallo favorable a Fibertel, según una investigación publicada el lunes por la agencia Telam. La supuesta ONG sería una asociación “trucha” creada por los abogados de Grupo Clarín al sólo efecto de defender el interés de sus clientes. De comprobarse la estafa procesal, estaría asegurada la nulidad del fallo y se abriría el camino para una denuncia penal.

Sabido es que los abogados cuentan con un arsenal de herramientas jurídicas para defender a sus clientes. Sin embargo, a veces se pasa de la legítima “defensa en juicio” a la lisa y llana adulteración y falsificación que derivan en un fraude procesal con las características de la estafa.
Esto es lo que habría sucedido con la sentencia de los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal Graciela Medina y Ricardo Recondo, quienes el 24 de febrero suspendieron la Resolución 100/10 que declaró la caducidad de la licencia de Fibertel, según se desprende de una investigación que publicó el lunes la agencia de noticias Telam.
La sentencia constituiría una estafa procesal porque los jueces habrían sido engañados sobre la calidad de la parte actora “Asociación para la Defensa de la Competencia”, una ONG trucha que no estaba habilitada para interponer acciones en defensa de intereses colectivos.
El artículo 43 de la Constitución Nacional incorporó las “acciones colectivas” que fueron legitimadas por la Corte en el inolvidable fallo “Halabi”. Dice la norma que: “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.
Pero la Asociación para la Defensa de la Competencia no propende a esos fines, sino que habría ostentado una “calidad simulada” y un “falso título” -a los que se refieren el artículo 172 del Código Penal que tipifica el delito de estafa- cuando invocó su calidad de asociación que defiende intereses colectivos, aseguró un jurista que pidió reserva.
Según surge de sus estatutos, obrantes en el beneficio de litigar sin gastos al que tuvo acceso Telam Investiga, la asociación fue fundada el 21 de noviembre de 2000 por Carlos Fernando Rosenkrantz, su Presidente, y Gabriel Bouzat, tesorero. Rosenkrantz y Bouzat son los socios principales del estudio jurídico “Bouzat, Rosenkrantz & Asociados”, abogados de Cablevisión SA y Grupo Clarín SA según luce en su página web.
Según el informe de Telam Investiga, esta asociación nunca habría realizado actividades en defensa de intereses colectivos de la comunidad. De hecho, no tiene otra sede que el propio estudio jurídico Bouzat-Rosenbrantz. Tampoco hay registros de que haya desarrollado las actividades propias de una verdadera Asocación Civil interesada en proteger los derechos de la sociedad antes que los de una empresa, como sí lo hacen la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, Poder Ciudadano o cualquier otra. La supuesta Asociación para la Defensa de la Competencia no tiene una sede social o página web, ni otra clase de plataforma para la defensa de los intereses colectivos que deberían inspirar su actividad. Nada.
La ONG de los abogados del Grupo Clarín no puede acreditar sino la actuación judicial en defensa de sus propios clientes, según los registros. En los registros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial no figura ninguna acción promovida en defensa de consumidores o de la competencia en general.
Y la Cámara Federal Civil y Comercial registra sólo dos acciones promovidas por el fanatasmagórico ente inventado quizás por el imaginativo Héctor Magnetto. Una de ellas es el amparo ya mencionado en beneficio de Fibertel. La otra es la causa “Asociación para la Defensa de la Competencia c/Estado Nacional, Ministerio de Economía s/acción declarativa” donde pretendió cuestionar la supuesta concentración económica resultante de la fusión Telefónica-Telecom. Clarín intentó comprar junto con su socio en Cablevisión el fondo buitre Fintech el control accionario de Telecom.
En cambio, la Asociación para la Defensa de la Competencia no promovió acciones para cuestionar la fusión monopólica Multicanal-Cablevisión, ni cualquier otra, muestra ostensible de que la calidad invocada sería falsa.
Está casi de más decir que un remedio jurídico del alcance de las acciones colectivas, creadas para la defensa de intereses generales que no se pueden ejercer de otro modo, porque el perjuicio es difuso como en el medio ambiente, o porque es antieconómico el costo del juicio como en el caso de los consumidores ante las grandes corporaciones, no fue creado para promover acciones estafatorias para neutralizar los controles del Estado con medidas cautelares.
La Asociación para la Defensa de la Competencia no está “registrada conforme a la ley” como lo exige la Constitución. La sentencia de la Cámara que dio por válida la inscripción societaria en la IGJ, omitió tener en cuenta que hay un Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Secretaría de Comercio Interior en el cual no está registrada la aventurera asociación.
Si bien es cierto que el Estado no habilitó aún el registro de ONGs para acciones colectivas de tipo civil al que se refiere el artículo 43 de la Constitución Nacional, salvo para las Asociaciones de Defensa del Consumidor, esto no significa que cualquier sujeto inventado por los abogados de una corporación pueda salir a promover acciones colectivas invocando falsamente la defensa de intereses de bien común. Es decir, si lo hace –como sucedió en el caso comentado- invocando una “calidad simulada” y un “falso título” de ejercer la defensa de intereses colectivos, esto constituiría un “ardid” o “engaño” que causa un perjuicio al desempeño de las autoridades de control estatales para la defensa del orden público económico. Mediante engaño se habría utilizado una herramienta creada por los constituyentes para la defensa de la comunidad frente a las grandes asimetrías.
Lo que sigue es el texto completo de la nota publcada el lunes por la agencia Telam:
Abogados cercanos a Clarín y Cablevisión integran ONG que promovió el amparo a favor de Fibertel 

La Asociación para la Defensa de la Competencia -ADC- fue fundada el 21 de noviembre de 2000. Uno de los socios fundadores es Carlos Fernando Rosenkrantz, quien ocupó el cargo de presidente; otro es Gabriel Bouzat, nombrado tesorero de esa asociación.

Los dos fundadores de la ONG son abogados y socios principales de Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, estudio fundado en 1991 y cuya sede comparte con la ONG de la que son autoridades.
En el sitio internet http://www.brya.com.ar/spanish/clientes.html, el bufete de Bouzat y Rosenkrantz, en la sección llamada Nuestros Clientes, informa que “Las siguientes empresas son o han sido clientes del Estudio y nos han otorgado su autorización para mencionarlas”.
Entre más de una veintena de firmas que destaca, se encuentran Grupo Clarín y Cable Visión. La combinación de representación profesional ejercida por el estudio jurídico a cuenta de intereses individuales, y la gestión institucional hecha por la ADC en nombre del interés público, le permite al bufete brindar servicios que seguramente son valorados por su clientela.
La ONG de Bouzat y Rosenkrantz presentó un amparo a favor de Cablevisión y contrario a la Resolución 100/10 de la Secretaría de Comunicaciones, por la que se declaró la caducidad de la licencia para la prestación de los servicios de internet y telecomunicaciones que estaban a nombre de Fibertel, firma que fue absorbida por Cablevisión sin haberse liquidado.
El 24 de febrero del corriente año, los jueces Graciela Medina y Ricardo Recondo, integrantes de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, resolvieron a favor del amparo presentado por la ADC.
En la mesa de entrada de la Sala III se le informó a Télam Investiga que el expediente del caso Fibertel se halla bajo “carácter de reservado”, mientras que en la oficina de asignación de causas de la Cámara Civil y Comercial en lo federal se le hizo saber que había dos causas iniciadas por la Asociación para la Defensa de la Competencia, ambas contra la Secretaría de Comunicaciones.
Una es “Asociación para la Defensa de la Competencia c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones s/ amparo” y la otra “Asociación para la defensa de la competencia c/ Estado Nacional, Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica y otros s/ acción meramente declarativa”.
En esta última causa, la ADC se opuso a la Resolución de la Secretaría de Política Económica 148/2010 alegando que la misma le daría “concentración económica y/o influencia sustancial” a Telefónica de Argentina SA y Telecom Argentina SA. De acuerdo con la información brindada por la Cámara Civil y Comercial Federal, la ADC no tuvo otras intervenciones.
Por ejemplo, no realizó ningún planteo en defensa de la competencia contra el monopolio de los medios audiovisuales, aún cuando dentro de los propósitos que figuran en el estatuto de la Asociación dice “promover la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.
Los jueces de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal parecen no haber advertido que los representantes de la Asociación para la Defensa de la Competencia -Carlos Fernando Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, Virginia Irene del Aguila y Guillermo Diaz Reynolds- son todos miembros del estudio Bouzat, Rosenkrantz & Asociados, entre cuyos principales clientes figuran Cablevisión SA y Grupo Clarín.
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